Reforma al SERNAC y su impacto en materia de daño moral.

 

Recientemente, se aprobó la reforma a la Ley Nº 19.496 enfocada en el fortalecimiento institucional del SERNAC. Los cambios se centran en aspectos orgánicos (como dotar de atribuciones nuevas al Servicio), de mecanismos de resolución de conflictos (modificando los procedimientos aplicables), además del aumento de las sanciones. No fue el espíritu de la reforma modificar disposiciones sustantivas sobre relaciones de consumo.

Pese a lo anterior, se incorporaron modificaciones trascendentales en materia de daño moral, particularmente en el nuevo artículo 52 N° 2. El propósito de esta columna es describir y realizar algunas anotaciones preliminares en relación a este aspecto.

Cabe recordar que la Ley N° 19.496 desde su dictación ha considerado al daño moral como indemnizable, al reconocer el derecho del consumidor a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas por el proveedor (art. 3° b) de la Ley). Sin perjuicio de ello, por regla expresa, se excluía la posibilidad de reclamarlo en los procedimientos colectivos.

Los cambios aprobados en lo tocante al daño moral son:

Noción de daño moral. Más allá de que no se aprovechó la instancia para actualizar la nomenclatura hacia la de “daño extrapatrimonial” (de masivo uso y aceptación en la doctrina actual), la nueva legislación permite que en los juicios colectivos la indemnización pueda extenderse al daño moral siempre que se haya afectado la integridad física o síquica o la dignidad de los consumidores. Con lo anterior, este atisbo de definición se acercaría a aquellas tendencias que entienden el daño moral como el precio del dolor o pretium doloris, al aludir a un sufrimiento o aflicción, físico o moral.

No obstante, se añadió también la expresión “dignidad de los consumidores”, lo cual abre espacio suficiente para la incorporación de otros perjuicios morales, como podrían serlo algunas hipótesis de perjuicios de agrado.

En cualquier caso, el daño moral deberá satisfacer las exigencias generales que se establecen para que sea el daño sea indemnizable, siendo de especial trascendencia los requisitos de certidumbre y gravedad suficiente del daño.

Incorporación del daño moral colectivo. La reforma incorpora el daño moral expresamente dentro de los daños que pueden reclamarse en un procedimiento colectivo (esto es, aquel referido a intereses colectivos o difusos).

Este ha sido un tópico controversial, debido a que estaría desvirtuando el carácter individual y personal(ísimo) del daño moral. Una muestra de esto sería, según sus críticos, el que ahora se disponga que, si existen remanentes de indemnización no cobrados por sus titulares, ellos se destinarán al Fondo Concursable destinado a Asociaciones de Consumidores (art. 53 bis inc. final), con lo que no se estaría dando cumplimiento a la función compensatoria de la indemnización.

Pese a los cuestionamientos, es relevante tener en cuenta que el legislador adoptó resguardos para evitar que se materialice este temor al “exceso de resarcimiento” (Directiva 2014/104/UE, punto 13) los que se centran en la exigencia de que la existencia del daño esté debidamente acreditada y en la subsistencia de la figura de la denuncia o demanda temeraria, que permite que se sancione a los responsables cuando su pretensión carezca de fundamento plausible (art. 50 E). La regulación vigente, por ende, busca se indemnicen sólo aquellos daños efectivamente causados, excluyéndose a los daños punitivos y siendo coherente con la finalidad de justicia correctiva propia del sistema chileno.

Por supuesto, la cuantía de este tipo de daño es y ha sido un punto con un importante ámbito de indeterminación, lo cual no ha obstado que desde hace varias décadas se admita que, en tanto daño, debe repararse. El que el remanente sea destinado a un fondo, en tanto, no es algo necesariamente contrario al carácter indemnizatorio del daño moral, sino que lo que busca es evitar que exista un provecho para el proveedor por el hecho de que existan consumidores que no acudan a cobrar su indemnización (lo que podría darse, por ejemplo, por el escaso monto que a nivel individual que pueda estar comprometido) y ha sido admitido a nivel comparado, denominándose a esta figura distribución cy-près, que es aquella en que la reparación obtenida se utiliza para lograr un resultado que sea lo más aproximado posible a una indemnización distribuida directamente a los afectados.

Los desafíos y dificultades que existirán en esta materia son diversos, pero lo cierto es que el legislador consideró necesaria su incorporación y, en cuanto la ley se encuentre vigente, deberá analizarse cómo la jurisprudencia responde a ellos.

Prueba del daño moral. En el daño moral colectivo, se toma postura (y resguardos) que impactan en la clásica discusión civil relativa a la necesidad de prueba del daño moral. En efecto, se prescribe perentoriamente que el daño moral colectivo será un hecho sustancial, pertinente y controvertido en la resolución que reciba la causa a prueba. Esto es concordante con la redacción de la norma, según la cual las indemnizaciones simplemente “podrán” (y no “deberán”) extenderse al daño moral.

En este punto, en todo caso, lo que se hace es reafirmar la tendencia de la jurisprudencia de consumo en los juicios individuales, en los que reiteradamente venía indicándose que el daño moral debe ser acreditado, más allá de la natural molestia (vid. I.C.A. Santiago, Roles N° 764-2016; 513-2016; 883-2016; 1241-2016).

Otros cambios incorporados son: (i) Monto “mínimo común”, que corresponde a una cantidad que los consumidores afectados podrán recibir, pudiendo perseguir la diferencia en un procedimiento posterior; y, (ii) Propuesta de indemnización o reparación del daño moral del proveedor, la que será procedente durante todo el juicio (incluso, entonces, si no se ha rendido prueba aún en el juicio).

En definitiva, los cambios realizados en materia de daño moral se inspiran en las mismas ideas matrices del proyecto de ley: el fortalecimiento del derecho de consumo en Chile. En particular, el que el daño moral se incorpore dentro de la indemnización en el juicio colectivo persigue desincentivar ex ante las infracciones graves y con efectos masivos en materia de consumo y, en una fase ex post, el que exista una reparación íntegra del daño causado, principio elemental de la responsabilidad civil.

La existencia de –importantes- desafíos y dificultades teóricos y prácticos no es suficiente, entonces, para excluir la indemnización del daño moral colectivo, sin perjuicio de la necesidad de que sea un instrumento empleado en base a criterios de razonabilidad y con apego a las exigencias que se imponen a la reparación del daño moral tanto en el derecho civil tradicional como en las normas especiales que se expusieron.

Camilo Vergara Santelices

Abogado FNE